Primera parte

Ernesto Montero Acuña

Las protestas contra el Pacto del Euro y el Plan de Gobernanza Económica, bajo aprobación del Parlamento Europeo, alcanzan trascendencia global, debido a que ambas medidas generarán pobreza más allá del Viejo Continente.

Se argumenta que el Plan de Gobernanza apuesta por un modelo de crecimiento regional y de creación de empleos basado en un sector industrial moderno y competitivo. Pero organizaciones sindicales lo critican con fuerza, debido a las consecuencias.

A partir de los años noventas, el término gobernanza, a pesar de su antigüedad, se identifica en medios académicos y políticos como una forma de gobierno, mediante una palabra poco utilizada y bastante libre de connotaciones.

El Diccionario de la Real Academia Española diferencia el uso antiguo y el más moderno.

Al primero lo define como “Acción y efecto de gobernar o gobernarse”, y al más reciente como el “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.

En relación con las aplicaciones actuales del Plan, analistas y organizaciones obreras denuncian que se está produciendo una super concentración del capital en las grandes empresas europeas, en detrimento de las pequeñas y medianas (Pymes) y de los trabajadores.

Se aduce que las Pymes garantizan el 70 por ciento del empleo en la Unión Europea (UE) y, como consecuencia de las medidas actuales, una gran masa de trabajadores quedará desocupada, debido a la desarticulación que provocará la más alta concentración del capital.

Como complemento, se denuncia que las medidas implicarán que servicios públicos y ramas estatales pasen a propietarios privados, a precios irrisorios, luego de que los estados respectivos asuman los endeudamientos.

Un argumento importante es que se pivatizan bienes públicos atesorados mediante el esfuerzo de las clases trabajadoras, que los crearon para bien público.

En contra de tales medidas en Grecia, Irlanda, Portugal, España y otros países de la UE, se argumenta que solo mediante una mayor redistribución de los recursos, que estimule el consumo y el gasto, podría solucionarse a no lejano plazo la crisis.

Muchos se preguntan: ¿de dónde sacar el dinero necesario para saldar enormes débitos públicos, mal administrados antes, y asumir los gastos laborales y sociales requeridos por las clases trabajadoras?

La contradicción consiste en cómo adoptar recortes de todo tipo, más impuestos, mayor desempleo, menores pensiones y privatizar bienes y servicios comunes a toda la sociedad, sin que se produzcan enérgicas reacciones populares.

Tampoco parece viable, en estados que se encuentran en crisis y deben amortizar sus enormes débitos, hacerlo dentro de las normas de la UE y, en la mayoría de los casos, como parte de la zona del euro.

Sin grandes cambios políticos, la posibilidad de lograrlo es nula. Todo parece indicar que la situación actual es el Canto del cisne de los gobiernos socialistas que estimulan su propio derrumbe, por largo tiempo, al implantar severas medidas neoliberales.

Como fuerza política, la perspectiva es que se vean desplazados generalmente por sus contrincantes de derecha, a menos que surjan agrupaciones progresistas como alternativa.

Analistas sostienen que la crisis no es solo, ni principalmente, económica y social, sino de ausencia de opciones políticas viables, si no se asume a fondo la crítica situación social. Solo así se avizoran como posibles procesos de mayor estabilidad política.

Organizaciones obreras de la UE argumentan que el fortalecimiento de los gobiernos europeos pasa por reforzar su modelo social, no por atacarlo, y debido a ello “hay que cambiar el rumbo de la errónea y antisocial política económica”.

Tal parece que este es el punto medular del asunto.

Se estimaba en Grecia, por ejemplo, que la única forma de evitar el llamado default o suspensión inmediata de pagos era que el Parlamento respaldara el programa económico revisado. Pero hacerlo ha agudizado la enorme inestabilidad política y social que atraviesa el país.

Una cesación helénica de pagos reanimaría el fantasma de un efecto de contagio internacional, similar al desencadenado por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en el 2008. Pero el llamado ajuste agudizará las contradicciones internas y externas.

David Cano, socio de la consultora madrileña Analistas Financieros Internacionales, considera que si hay un problema en Grecia, se puede extender luego en el conjunto europeo e  impactar a Latinoamérica.

Cual reacción en cadena, los efectos amenazan a economías latinoamericanas que han crecido a tasas envidiables en los últimos años, ante muchos países desarrollados, “en buena medida gracias al creciente comercio con China”, reflejan medios occidentales.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esta fue la región con mayor crecimiento durante el 2010 en flujos de inversión extranjera directa, con incremento del 40 por ciento con respecto al año anterior, lo que equivale a 113 mil millones de dólares estadounidenses.

Un cambio en los flujos de inversión plantearía otra realidad para la región con respecto a los últimos años.

(Sigue segunda parte)